Científica Informativa

Los impuestos selectivos sobre las bebidas azucaradas representan una política eficaz y basada en la evidencia para prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT). Junto con los impuestos selectivos sobre los productos tabacaleros y sobre las bebidas alcohólicas, constituyen una herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) los recomienda para modificar los factores de riesgo comportamentales vinculados con la obesidad y las ENT, según se indica en el plan de acción mundial de la OMS.

Se ha dicho que los impuestos sobre las bebidas azucaradas representan una ganancia triple para los gobiernos, puesto que: 1) mejoran la salud de la población, 2) generan ingresos y 3) pueden reducir a largo plazo los correspondientes costos de atención de salud y pérdidas de productividad.

La tributación de las bebidas azucaradas se ha puesto en marcha en más de 73 países de todo el mundo. En la Región de las Américas, 21 Estados Miembros de la OPS aplican impuestos selectivos a nivel nacional sobre dichas bebidas y siete jurisdicciones de Estados Unidos de América las gravan con impuestos locales. Si bien el número de países que aplican impuestos selectivos nacionales sobre las bebidas azucaradas en la Región es prometedor, la mayoría de esos impuestos se podría ampliar para mejorar su incidencia en el consumo de bebidas azucaradas y en la salud.

En esta publicación se presentan algunos conceptos económicos relacionados con la justificación del uso de impuestos sobre las bebidas azucaradas, así como con los costos relacionados con la obesidad; algunas consideraciones clave sobre el diseño de impuestos, incluidos los tipos, bases y tasas correspondientes; una descripción del posible ingreso tributario y su asignación a fines específicos; la evidencia sobre la medida en que se prevé que dichos impuestos incidan en los precios y la demanda de las bebidas gravadas y su sustitución por bebidas no gravadas; y la respuesta a algunas preguntas frecuentes sobre los efectos económicos de la tributación de las bebidas azucaradas.

Vea el informe completo.

La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la necesidad urgente de fortalecer las autoridades regulatorias nacionales en América Latina y el Caribe para garantizar la seguridad, calidad y eficacia de nuevos medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, afirma un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El documento muestra que las autoridades regulatorias nacionales varían sustancialmente en su capacidad para evaluar tecnologías y productos médicos. El reporte extrae lecciones de mejora de seis instituciones de la región, que la OPS ha designado como Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia (ARNR). Estas autoridades son ANMAT (Argentina), ANVISA (Brasil), ISP (Chile), INVIMA (Colombia), CECMED (Cuba) y COFEPRIS (México).

Las principales conclusiones son las siguientes:

• Las sólidas capacidades regulatorias son el resultado de marcos legales y organizativos amplios, que dan a las ANR independencia técnica y fuertes mandatos para supervisar y sancionar las aprobaciones de productos farmacéuticos dentro de sus jurisdicciones.
• Las recientes reformas de las autoridades regulatorias nacionales han supuesto una importante mejora del acceso a los medicamentos y de la transparencia.
• Los recursos financieros y humanos de las autoridades regulatorias nacionales han permanecido relativamente estables durante los últimos cinco años en América Latina, mientras que el mercado farmacéutico ha aumentado tanto en valor como en volumen y en complejidad de los productos médicos.
• La fabricación de productos médicos cada vez más complejos requiere una mayor vigilancia y control. La vigilancia posterior a la comercialización y la farmacovigilancia son una debilidad potencial de los sistemas.
• Los avances de las autoridades regulatorias nacionales han ayudado a catalizar las mejoras en otros países y regiones. La creación del sistema regulatorio del Caribe y el sistema de trabajo conjunto de Centroamérica reflejan una mejora de la capacidad regulatoria.

El informe plantea su preocupación por la «falta limitada o total de marcos legales y organizativos para los sistemas de regulación en varios países». Anima a los países con menos capacidad a basarse, siempre que sea posible, en las evaluaciones y aprobaciones ya realizadas por una o varias ANR.

Descargue el informe en español; 17 páginas (255.0Kb)