La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer recientemente.
El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.
Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.
El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.
Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.
En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.
El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).
Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y redución de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.
En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).
Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.
En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal.
