Científica Informativa

Nuevas guías pretenden reducir las infecciones quirúrgicas en procedimientos anestésicos

Las nuevas recomendaciones de la American Society of Regional and Anesthesia Pain Medicine (ASRA) ofrecen estrategias para que los anestesiólogos y médicos especialistas en el tratamiento del dolor prevengan las infecciones que se desarrollan después de cirugías y otros procedimientos para el control del dolor.

Las infecciones del sitio quirúrgico, que se estima ocurren 500.000 veces tan solo en Estados Unidos,    aumentan los costos hospitalarios en más de 20.000 dólares por ingreso y prolongan la estancia hospitalaria en casi 10 días, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Además de los costos económicos, algunos pacientes que tienen una infección del sitio quirúrgico presentarán una infección a largo plazo y una muerte más temprana.

«Esto reúne en un solo lugar recomendaciones y buenas prácticas respaldadas por la literatura», dijo la Dra. Christine Hunt, fisiatra de la Mayo Clinic en Jacksonville, Estados Unidos, quien ayudó a redactar las  nuevas recomendaciones.

La guía ofrece sugerencias desde el entorno perioperatorio hasta el manejo del dolor crónico, agregó la Dra. Hunt.

Según los autores de las nuevas recomendaciones, la incidencia de las infecciones del sitio quirúrgico relacionadas con la anestesia regional o los procedimientos intervencionistas para aliviar el dolor es difícil de determinar con precisión. Algunos expertos estiman que la  incidencia general de las infecciones del sitio quirúrgico podría reducirse a la mitad  si se aplicaran mejor las prácticas de control de infecciones basadas en la evidencia.

Algunas de las medidas adoptadas fueron generales: se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes del primer caso del día y usar desinfectante de manos durante al menos 15 segundos antes de cualquier tipo de procedimiento. Pero otras fueron más específicas: por ejemplo, profilaxis antibiótica antes de procedimientos mínimamente invasivos o quirúrgicos, o mantener la glucemia perioperatoria en 150 mg/dl o menos antes de la cirugía para implantar dispositivos como estimuladores de la médula espinal.

Lea el texto completo en: Las nuevas guías pretenden reducir las infecciones quirúrgicas en procedimientos anestésicos – Medscape – 3 de feb de 2025 (debe registrarse en el sitio web).

Sesión virtual para conocer sobre la respuesta al Oropouche en Cuba

Más de 500 personas se unieron al webinar “Actualización de Oropouche en las Américas: experiencia de la respuesta al brote en Cuba”, organizado por el Ministerio de Salud Pública del país (MINSAP) y la OPS/OMS, que tuvo lugar el pasado 10 de enero. Especialistas del propio Ministerio, el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), y el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), expusieron aspectos relevantes relacionados con el manejo clínico, la vigilancia virológica, la trasmisión vectorial, entre otros temas.

El espacio fue propicio para compartir los principales resultados y hallazgos asociados al manejo del brote en Cuba y a los estudios derivados de esos esfuerzos, que serán muy útiles para aumentar los conocimientos relacionados con la enfermedad y el agente que la propaga. Al dar la bienvenida al seminario, el Representante de la OPS/OMS en Cuba, Dr. Mario Cruz Peñate, agradeció a las autoridades y los expertos nacionales “la generosidad de compartir con la región el conocimiento adquirido en la respuesta al Oropouche y la apertura al trabajo colaborativo con la Organización, que ha continuado en distintos ámbitos”.

El Dr. José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Trasmisibles del MINSAP, ofreció una actualización de la situación epidemiológica en el país. Hasta el momento, se contabilizan 23 639 casos sospechosos y 626 confirmados. Entre estos últimos, hubo 76 pacientes con Síndrome de Guillain-Barré, 25 con encefalitis y 15 con meningoencefalitis. Según sexo, 13 588 casos son mujeres y 10 676 hombres.

Se han confirmado personas contagiadas en el 73,8 % de los municipios y el 100 % de las provincias; cinco de las cuales, junto al Municipio Especial Isla de la Juventud, al cierre de 2024, presentaron tasas de incidencia acumuladas superiores a la del país. Hasta el momento, existen 44 municipios donde no se han confirmado casos con pruebas de laboratorio.

Por su parte, el Dr. Osvaldo Castro Peraza, jefe de Servicio de Hospitalización del IPK, explicó cómo ha sido el manejo clínico en un contexto de cocirculación con dengue. Señaló que, aunque ambas enfermedades se parecen, al principio del brote de Oropouche se detectaron algunos síntomas inusuales para dengue, que se manifestaban de manera diferente, y se identificó la necesidad de hacer análisis más cualitativos. Teniendo esto en cuenta, se establecieron protocolos para garantizar diagnósticos diferenciales certeros, a partir de un correcto interrogatorio, y examen físico y de laboratorio.

Según lo que se ha observado, la forma clínica gastroentérica ha sido la más frecuente. Ocurrió casi en el 50 % de los casos atendidos en el IPK. Otras formas clínicas de presentación han sido la enfermedad febril inespecífica, la enfermedad febril con erupción cutánea y la forma neurológica.

En los casos menos graves, se reportó neuropatía autonómica, con manifestaciones clínicas relacionadas con el sistema nervioso neuro-vegetativo. Esto es algo novedoso para Cuba, porque es la primera vez que ocurre una epidemia de este tipo en el país.

Un término que hubo que definir es “recaída”, pues se observó con frecuencia entre los pacientes. En el IPK ocurrió en más del 30 % de los casos, alrededor de 16 días después del inicio de la sintomatología. Además, mediante revisión de la literatura, se comprobó que es una característica propia de esta enfermedad.

Durante la sesión también se comentó el trabajo desarrollado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Arbovirus del IPK, presentado por la Dra. C. Mayling Álvarez Vera. Según esta especialista, el análisis filogenético del virus sugirió que su llegada a Cuba ocurrió a partir de una única introducción, probablemente en el primer trimestre de 2024, proveniente del Estado Brasileño de Acre, con un periodo de trasmisión silente antes de ser detectado.

Asimismo, se estima que la zona central del país fue el epicentro inicial de la trasmisión. A partir de este, se crearon dos epicentros secundarios: uno en la región occidental y otro en la oriental. Al final del periodo estudiado, el epicentro central del país provocó trasmisiones adicionales en el occidente.

Además, Álvarez Vera acotó que el suero fue la muestra con mayor positividad, pero señaló que otros tipos de muestras, como la orina y el líquido cefalorraquídeo (LCR) igual resultaron útiles después de la fase aguda de la enfermedad y en pacientes con daños neurológicos. Al final de su exposición, hizo referencia a las investigaciones en curso, entre las que se encuentran tres estudios filogenéticos y un estudio integral en el capitalino municipio La Lisa, para conocer la prevalencia.

Desde el PAMI se establecieron varias estrategias, entre las cuales estuvo la de capacitación a los profesionales de salud y la de comunicación a públicos clave. Así lo señaló la Dra. Dayana Couto Núñez, del Departamento Materno Infantil del MINSAP, quien también acotó que se elaboró un flujograma de diagnóstico específico para gestantes y puérperas.

Unido a lo anterior, se prepararon dos flujogramas más, para asegurar el seguimiento por genética de las embarazadas con sospecha de Oropouche, o confirmadas con la enfermedad, y de sus recién nacidos. Igualmente, se diseñó una encuesta epidemiológica para aplicar a las gestantes con fetos afectados por defectos congénitos mayores.

Otros aspectos detallados por Couto Núñez fueron las líneas de investigación que se han identificado dentro del PAMI para conocer más sobre la fiebre de Oropouche, y la caracterización clínica que hicieron de las gestantes con este problema de salud.

Las intervenciones de los especialistas nacionales culminaron con la presentación de la MSc. Ariamys Companioni Ibañez, del Departamento de Control de Vectores del IPK, desde donde se hizo una revisión de los vectores presentes en Cuba que podían ser trasmisores del virus, mientras se creaban las pautas para la colecta de vectores en las áreas con casos confirmados, de forma que se pudiera conocer si había alguna otra especie sin identificar.

Con las capturas se identificó la presencia del Jején Culicoides paraensis, vector primario en la propagación del virus. Se colectaron 98 hembras adultas, provenientes de 10 localidades diferentes con trasmisión de Oropouche en Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana.

De igual forma, Campanioni Ibañez, compartió la experiencia en la metodología de las colectas, y las adaptaciones que debieron hacer luego de evaluar las trampas, como fue el cambio de malla por una de diámetro más pequeño, de 0.2 milímetros. Para finalizar, mencionó los principales desafíos que enfrentan actualmente con vistas a progresar más en lo relacionado con los estudios entomológicos.

Al cierre del webinar, las autoridades nacionales agradecieron el acompañamiento técnico recibido de la OPS, que calificaron como muy importante para desarrollar toda esta labor y para identificar líneas de trabajo e investigación con las que seguir avanzando en el conocimiento de este virus y la enfermedad que produce. A su vez, el Dr. Jairo Mendez, asesor regional de enfermedades virales de la OPS y moderador de la sesión, dijo que el equipo cubano debe sentirse orgulloso por los esfuerzos que han impulsado y los resultados científicos a los que han llegado, que aportan información muy valiosa para toda la región.

En ese sentido, se debe destacar la creación del proyecto “Caracterización Clínico-Epidemiológica de la Fiebre de Oropouche en Cuba”, que dará salida a las principales necesidades investigativas. En la iniciativa, que abarca las 15 provincias del país y el Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ), participan 17 instituciones del MINSAP y 61 especialistas de diferentes ramas de la ciencia.

El 74 por ciento de los países de América Latina y el Caribe tienen alta exposición a eventos climáticos extremos, afectando la seguridad alimentaria

Los patrones cambiantes de la variabilidad del clima y los eventos extremos están impactando negativamente todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y reforzando otras causas subyacentes de la malnutrición en todas sus formas en América Latina y el Caribe, dice el Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024. El nuevo informe de la ONU Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición para América Latina y el Caribe 2024 afirma que dicha región se ubica como la segunda región del mundo más expuesta a eventos climáticos extremos después de Asia.

En América Latina y el Caribe, al menos 20 países (el 74 por ciento de los países analizados) enfrentan una alta frecuencia de tales eventos, lo que indica una exposición significativa, y 14 (52 por ciento) se consideran vulnerables porque tienen una mayor probabilidad de tener un impacto en la subalimentación debido a estos fenómenos. El impacto de los extremos climáticos se ve exacerbado aún más por los persistentes desafíos estructurales: conflictos, desaceleraciones económicas y crisis, así como por factores subyacentes como los altos niveles de desigualdad, la falta de acceso a dietas saludables y su inasequibilidad, y entornos alimentarios poco saludables.

Según el informe, entre 2019 y 2023, la prevalencia de la subalimentación aumentó 1,5 puntos porcentuales en todos los países afectados por la variabilidad climática y los extremos. La situación es peor en aquellos países que experimentan recesiones económicas. Las poblaciones más vulnerables se ven afectadas de manera desproporcionada, porque tienen menos recursos para adaptarse.

El informe destaca la necesidad urgente de acelerar la acción para desarrollar la resiliencia dentro de los sistemas agroalimentarios, que son críticos para el progreso de la región hacia la eliminación del hambre y la malnutrición en todas sus formas. La sostenibilidad a largo plazo de los sistemas agroalimentarios debe ser garantizada, dice el informe.

Hambre e inseguridad alimentaria disminuyeron por segundo año consecutivo

Según el informe, el hambre afectó a 41 millones de personas en la región durante 2023. Esto representa una disminución de 2,9 millones de personas respecto a 2022 y de 4,3 millones de personas respecto a 2021. Sin embargo, a pesar de los avances regionales, existen disparidades entre subregiones. La prevalencia del hambre ha ido en aumento durante los últimos dos años en el Caribe, alcanzando el 17,2 por ciento, mientras que se ha mantenido relativamente sin cambios en Mesoamérica, en el 5,8 por ciento.

En cuanto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, la región también demostró avances por segundo año consecutivo, cayendo bajo el promedio mundial por primera vez en 10 años. En total, 187,6 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria, 19,7 millones menos que en 2022 y 37,3 millones menos que en 2021.

Esta reducción se explica por la recuperación económica de varios países de América del Sur debido a programas de protección social, esfuerzos económicos postpandemia y políticas específicas destinadas a mejorar el acceso a los alimentos.

El informe refleja también que la inseguridad alimentaria afecta de manera más pronunciada a determinados grupos de población, como las comunidades rurales y las mujeres. La brecha de género en América Latina y el Caribe sigue siendo más elevada que el promedio global.

El desafío de la malnutrición bajo la perspectiva de la variabilidad del clima

El Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin relevó la importancia del Panorama 2024 considerando que: «La variabilidad del clima y los eventos extremos son una amenaza para la estabilidad de la seguridad alimentaria y la nutrición” y agregó: “la importancia de implementar una respuesta integral, basada en políticas y acciones diseñadas para fortalecer la capacidad de los sistemas agroalimentarios. Esta resiliencia permite anticipar, prevenir, absorber, adaptar y transformar, de manera positiva, eficiente y eficaz frente a diversos riesgos, incluyendo los desafíos asociados al cambio climático y los eventos extremos”.

En cuanto a la malnutrición, el reporte informa que el retraso en el crecimiento afectó al 22,3 por ciento de los niños menores de 5 años en el mundo en 2022. En América Latina y el Caribe, la prevalencia se estimó en 11,5 por ciento, significativamente por debajo del promedio mundial. Si bien la región ha experimentado reducciones notables desde principios del milenio, el progreso se ha desacelerado en los últimos años.

«En América Latina y el Caribe, uno de cada diez niños y niñas menores de cinco años vive con desnutrición crónica. La desnutrición y el sobrepeso coexisten en la región, exacerbados por la alta exposición y vulnerabilidad climática en las comunidades más vulnerables. Esta doble carga de la malnutrición amenaza diariamente el desarrollo pleno de la infancia», afirmó Karin Hulshof, Directora Regional a.i. de UNICEF para América Latina y el Caribe. «Cualquier decisión sobre la acción climática debe priorizar el derecho a la alimentación y nutrición de los niños, niñas y mujeres».

En 2022, el 5,6 por ciento de los niños menores de cinco años a nivel global estaban afectados por sobrepeso, mientras que en América Latina y el Caribe la prevalencia alcanzó el 8,6 por ciento, es decir, 3,0 puntos porcentuales por encima de la estimación global. Esta prevalencia regional también ha crecido más rápido que la tasa global, aumentando 1,2 puntos porcentuales entre 2012 y 2022, en comparación con solo 0,1 puntos porcentuales en todo el mundo. Dentro de la región, las tendencias varían significativamente, con América del Sur impulsando en gran medida el aumento, mientras que Mesoamérica y el Caribe han mostrado una mayor estabilidad en los últimos años.

El informe también identifica la falta de acceso económico a dietas saludables como una cuestión crítica. En 2022, 182,9 millones de personas en América Latina y el Caribe no podían permitirse acceder a ellas. Esto marca una mejora de 2,4 puntos porcentuales en comparación con 2021, lo que significa que 14,3 millones de personas más pueden permitirse una dieta saludable.

“El sobrepeso y la obesidad son un creciente desafío en la región y un factor de riesgo clave para las enfermedades no transmisibles. Una dieta saludable es la base para la salud, el bienestar, el crecimiento óptimo y el desarrollo. La OPS posiciona la salud como piedra angular para la transformación de sistemas alimentarios, promoviendo políticas fiscales, incluyendo impuestos, políticas públicas de compra de alimentos saludables, la regulación de la publicidad, incluidos los sucedáneos de la leche materna; la inocuidad de los alimentos, la reformulación de productos alimentarios y el etiquetado frontal”, indicó el Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud.

También se observan disparidades entre subregiones en el acceso a dietas saludables: en el Caribe, el 50 por ciento de la población (22,2 millones de personas) no podía permitirse una dieta saludable, seguida por Mesoamérica con un 26,3 por ciento (47,1 millones de personas) y América del Sur con un 26 por ciento. (113,6 millones de personas). Por ello, se hizo un llamado a centrarse en las poblaciones vulnerables y expuestas a eventos climáticos extremos.

“El planeta se calienta y el clima se desajusta. Las mujeres y hombres de América Latina y el Caribe viven la emergencia climática en primera persona: producir alimentos, transformarlos, transportarlos y poner un plato en la mesa es más difícil en los países donde ocurren fenómenos climáticos extremos a menudo”, explicó Lola Castro, Directora Regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. “Las comunidades y los gobiernos de la región avanzan hacia soluciones integrales que abordan la seguridad alimentaria y la nutrición en tiempos de crisis climática. Juntos, buscamos proteger a las personas más vulnerables de los eventos climáticos extremos y crear sistemas alimentarios equitativos y sostenibles que alimentan a América Latina y el Caribe sin destrozarla”, añadió.

Las agencias enfatizaron la necesidad de acelerar aún más las inversiones y acciones destinadas a crear capacidades de largo plazo para responder a la variabilidad del clima y los eventos climáticos extremos.

Rossana Polastri, Directora Regional de la División de América Latina y el Caribe del FIDA, señaló: “Estamos contribuyendo al avance en la lucha contra el hambre, pero las cifras aún superan los niveles previos a la pandemia, lo que demuestra que todavía queda un largo camino por recorrer. Tenemos que redoblar esfuerzos para adaptar los sistemas alimentarios a los efectos del cambio climático, cuyo impacto negativo exacerba la inseguridad alimentaria. Para lograrlo, debemos invertir más en las áreas rurales, de manera que los pequeños productores cuenten con infraestructuras básicas, sistemas de información climática, prácticas agrícolas sostenibles y acceso a productos financieros que les permitan hacer frente a los eventos extremos y a la variabilidad del clima. Además, debemos invertir en las mujeres y en los grupos de población más vulnerables para asegurar que los avances en la reducción del hambre no dejen a nadie atrás”.

El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024 es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La Organización Mundial de la Salud llama a Unirse y Actuar, para Eliminar la transmisión, en el Día Mundial de la Lepra

La lepra, también conocida como mal de Hansen, es una enfermedad ancestral incluida en el grupo de las enfermedades tropicales desatendidas. Fue descrita ya en textos de las civilizaciones de la antigüedad y se trata de una enfermedad infecciosa crónica, causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se puede curar y el tratamiento en las fases iniciales puede evitar la discapacidad. Además de las deformaciones físicas, los afectados sufren también estigmatización y discriminación.

La lepra sigue presente en más de 120 países, que en conjunto notifican más de 200 000 nuevos casos al año. Su eliminación como problema de salud pública (objetivo definido por una tasa de prevalencia inferior a 1 caso por cada 10 000 habitantes) se logró a escala mundial en 2000 (según reza la resolución WHA44.9 de la Asamblea Mundial de la Salud) y en la mayoría de los países en 2010. La disminución del número de nuevos casos ha sido gradual, tanto a nivel mundial como en cada una de las regiones de la OMS.

Según los datos de 2019, el Brasil, la India e Indonesia notificaron más de 10 000 nuevos casos, mientras que otros 13 países (Bangladesh, Etiopía, Filipinas, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía, Somalia, Sri Lanka y Sudán del Sur) notificaron entre 1000 y 10 000 nuevos casos cada uno. Cuarenta y cinco países notificaron 0 casos y 99 notificaron menos de 1000 casos nuevos.

Tras un exhaustivo proceso de consultas con países, expertos, asociados y afectados por la lepra, la OMS publicó el documento Hacia cero lepra. Estrategia mundial contra la lepra (enfermedad de Hansen) 2021-2030, en consonancia con la Hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030. La expresión «cero lepra» significa cero infecciones y enfermedades, cero discapacidades y cero estigmatización y discriminación, y el objetivo de la Estrategia es eliminar la enfermedad, es decir, interrumpir su transmisión.

Los cuatro pilares de la Estrategia son:

  1. aplicar hojas de ruta integradas de cero lepra en todos los países con lepra endémica;
  2. ampliar la prevención de la lepra junto con la detección activa e integrada de casos;
  3. atender los casos y sus complicaciones y prevenir nuevas discapacidades;
  4. y combatir la estigmatización y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Además, se indica que es fundamental invertir a nivel mundial y nacional para hacer realidad la meta de lograr «cero lepra», y se establecen una serie de prioridades básicas para la investigación.

La OMS también ha elaborado módulos de aprendizaje electrónico para ayudar a los trabajadores de la salud de todos los niveles a adquirir más conocimientos y competencias en temas relacionados con el diagnóstico y tratamiento de la lepra y con la atención de las discapacidades, material al que se puede acceder a través de la plataforma OpenWHO.

Por su parte, desde 1992, la Organización Panamericana de la Salud ha promovido el Plan de Acción Regional para la Eliminación de la Lepra en las Américas, para la cobertura de tratamiento con poliquimioterapia y desde entonces ha alcanzado coberturas del tratamiento del 42 %, y desde el 2001 hasta hoy día la cobertura es casi universal. La Organización proporciona el medicamento gratuitamente a todas las personas que lo necesiten, a través de donaciones de la Fundación Novartis para el Desarrollo Sostenible.

En 2009, los países Miembros de la OPS/OMS, a través de la Resolución CD49.R19, 2009, se comprometieron con la meta de eliminar la lepra como problema de salud pública, al primer nivel sub -nacional para el 2015 y en el 2012, la OPS/OMS formuló un “Plan de Acción para Acelerar el Logro de la Eliminación de la Lepra en Latinoamérica y el Caribe”, alcanzar la reducción de la prevalencia por esta en enfermedad a menos de 1 caso por cada 10 000 habitantes.

La Resolución A/RES/65/215 para la “Eliminación de la Discriminación Contra las Personas Afectadas por la Lepra y sus Familia res”, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2010 con el fin de fomentar la formulación y aplicación de políticas y medidas para prevenir la discriminación de las personas afectadas por lepra y a sus familiares.

En 2023, se notificaron 182,815 nuevos casos de lepra a nivel mundial, de los cuales el 13.6 % fueron reportados en la Región de las Américas, donde más del 90 % de casos se concentra en Brasil. Este país no solo lidera las cifras regionales, sino que también ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de casos reportados. Antes de la pandemia de COVID-19, se registraban anualmente alrededor de 30,000 nuevos casos en las Américas, una cifra que disminuyó significativamente durante la pandemia, pero que en 2023 ha vuelto a incrementarse, alcanzando aproximadamente 25,000 casos.

El Día Mundial de la Lepra, que tiene lugar el último domingo de enero, se celebra desde 1954 en respuesta a la propuesta hecha en ese año por el periodista y filántropo Raoul Foullereau (1903-1977) en París, tras una visita que hizo a un leprosorio en Costa de Marfil donde vio la situación de muchas personas que padecían esta enfermedad.

Este año coincide su celebración con el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas el cual se observa cada año el 30 de enero.

Nuevo informe de la OPS sobre seguridad vial destaca avances lentos y desiguales en la reducción de las muertes por tránsito en las Américas

Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la salud (OPS) sobre seguridad vial revela que, en 2021, los siniestros de tránsito causaron poco más de 145.000 muertes en la región de las Américas, lo que representa el 12 % de las muertes globales por esta causa. A pesar de algunos avances, la tasa de reducción de muertes en las vías ha sido lenta y desigual, lo que evidencia la necesidad urgente de políticas nacionales más fuertes e integrales.

El informe Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas se basa en los datos más recientes disponibles, recabados en 31 países y un territorio de la región, y es la quinta edición desde 2009. Debido al impacto de la pandemia en 2020, se compararon los años 2010 y 2021.

Según el estudio, la tasa de mortalidad por tránsito en las Américas disminuyó un 9,37 % entre 2010 y 2021, lo que refleja un progreso lento. Solo nueve países lograron reducir las muertes. A nivel de subregiones, América del Norte y el Caribe Latino han visto un aumento en las tasas de mortalidad. En contraste, el Cono Sur y la Zona Andina han logrado reducciones significativas.

«La seguridad vial sigue siendo un importante desafío para la salud pública en la región”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS. «A pesar de los esfuerzos realizados, las cifras siguen siendo inaceptables. La seguridad vial no es solo un tema de infraestructura o legislación, es una cuestión de vida o muerte para millones. Es crucial que los países implementen medidas integrales para proteger a todos los usuarios de las vías, especialmente a los más vulnerables.»

Disparidades en las muertes y grupos más afectados

Alrededor del 37 % de las muertes por tránsito ocurren en países de ingresos altos, aunque estos países solo representan el 41 % de la población, el 57 % de los vehículos registrados y el 49 % del territorio. En cambio, los países de ingresos medianos-bajos, que tienen solo el 5 % de la población y el 3 % del territorio, concentran el 7 % de las muertes, a pesar de contar con solo el 1 % de los vehículos registrados.

Las víctimas fatales de siniestros viales son mayoritariamente hombres (79 %) y adultos jóvenes entre 18 y 44 años (54 %). Sin embargo, el impacto no se limita a las muertes. En 2021, más de 4 millones de personas sufrieron lesiones no fatales en la región, 638.620 de ellas graves y con consecuencias permanentes.

Usuarios vulnerables y el reto de las motocicletas

El reporte también destaca el impacto particularmente desproporcionado en los usuarios más vulnerables. Desde 2009 hasta 2021, las muertes de motociclistas, peatones y ciclistas han aumentado del 39 % al 47 % del total de muertes por siniestros viales. En 2021, los motociclistas representaron el 27 % de las muertes, los peatones el 17 % y los ciclistas el 3%. Esta tendencia contrasta con la leve disminución observada en la mortalidad de los ocupantes de vehículos de motor de cuatro ruedas.

Ricardo Pérez-Núñez, asesor regional en seguridad vial de la OPS, comentó: «La seguridad de los motociclistas sigue siendo una prioridad urgente. Para reducir este tipo de muertes, es fundamental mejorar la infraestructura vial, aplicar leyes más estrictas sobre el uso de cascos, cinturones de seguridad y la conducción bajo los efectos del alcohol, y promover prácticas de conducción más seguras».

Gestión institucional, infraestructura vial y vehículos más seguros

El informe destaca la necesidad de fortalecer la gestión institucional para mejorar la seguridad vial. Aunque algunos países han avanzado en políticas y marcos normativos, aún falta coordinación y capacitación en muchos casos.

En cuanto a la infraestructura, si bien varios países han mejorado las carreteras con medidas como zonas de protección para peatones y mejores señales, se requiere más inversión, especialmente en áreas rurales y con alta incidencia de accidentes.

Sobre vehículos más seguros, el informe resalta los beneficios de normas internacionales como el control electrónico de estabilidad y airbags. Sin embargo, la implementación de estas normativas sigue siendo insuficiente en algunos países, lo que limita su impacto.

Usuarios más seguros y respuesta posterior al siniestro

El informe también subraya la importancia de reducir comportamientos de riesgo, como el exceso de velocidad, el alcohol al volante y el uso del celular. Además, llama a reforzar el uso de dispositivos de seguridad como cascos y cinturones de seguridad.

Finalmente, en cuanto a la respuesta posterior al siniestro, aunque varios países han mejorado el acceso a servicios médicos y de rehabilitación, persisten disparidades en el tiempo de respuesta y cobertura, lo que exige una mejora en la infraestructura de emergencias.

La OPS hace un llamado a los gobiernos para que adopten un enfoque integral de «sistemas de tránsito seguros», que incluya mejoras en la infraestructura vial, el fortalecimiento de las leyes de tránsito y el aumento de la seguridad en los vehículos. Además, se subraya la importancia de la cooperación entre los sectores público y privado para enfrentar este problema de salud pública.

Descargue el informe desde aquí: Español; 132 páginas (8.695Mb).

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