Desde la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó esta semana la Plataforma informativa sobre salud y migración en las Américas, una nueva iniciativa para ayudar a los países a salvaguardar el derecho a la salud de los migrantes en la región.

Actualmente, la región enfrenta una de las situaciones de desplazamiento humano más grandes del mundo, con el número de migrantes en América Latina y el Caribe más que duplicándose desde 2005 a 15 millones en 2022, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin embargo, las brechas de datos sobre salud y migración presentan desafíos cuando se trata del desarrollo de intervenciones informadas de salud pública para migrantes.

La nueva plataforma tiene como objetivo abordar la falta de datos regionales sobre migración y salud al proporcionar a los países un repositorio digital interactivo de investigación e información sobre salud y migración en todas las Américas. Esto facilitará el intercambio de conocimientos y permitirá a los gobiernos desarrollar políticas e iniciativas de salud y migración que respondan a las necesidades del creciente número de migrantes.

En las Américas, la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria, las dificultades económicas y los eventos ambientales se encuentran entre los principales impulsores de la migración. La región también se caracteriza por flujos migratorios hacia el norte, tanto desde el interior del continente como desde partes de África y Asia.

Los impactos sociales, de salud y económicos prolongados de la pandemia de COVID-19 han exacerbado muchos de estos problemas.

“Hoy, millones de migrantes en la región enfrentan desafíos en cada etapa del proceso migratorio, sin acceso a servicios de atención primaria de salud, medicamentos, vacunas o servicios de salud mental y apoyo psicosocial”, dijo el doctor Jarbas Barbosa, Subdirector de la OPS. “Las diferencias idiomáticas y culturales y la discriminación son solo algunos de los factores que impiden el acceso oportuno a la atención de la salud”, agregó.

La herramienta fue desarrollada en colaboración con la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina, y la Universidad del Desarrollo, en Chile, y brindará a los gobiernos información sobre políticas, marcos legales y regulatorios en salud y migración de 19 países de la región, y también servirá como repositorio de literatura científica sobre el tema.

La Plataforma informativa sobre salud y migración, que es fácil de utilizar, busca impulsar la “acción para proteger la salud de los migrantes, la salud de las poblaciones en países de acogida y acercarnos a lograr la salud universal”, consideró el doctor Barbosa.

Salud y migración en las Américas 

Millones de migrantes en las Américas enfrentan una serie de barreras a la salud, incluida la falta de acceso a atención primaria de salud, medicamentos, vacunas y servicios de salud mental.

Los migrantes también pueden experimentar un mayor riesgo de exposición a la COVID-19 debido a las malas condiciones de vida y de trabajo que impiden el distanciamiento físico, particularmente en los albergues.

Durante el proceso de migración, los niños y adolescentes migrantes, así como los migrantes mayores y las mujeres embarazadas, también enfrentan riesgos adicionales para su salud, como la interrupción de los servicios prenatales y posnatales, la deshidratación, la hipertensión y la exposición a la violencia y el abuso de género.

Una de cada tres embarazadas con COVID-19 que debió acceder a una unidad de cuidados intensivos no lo consiguió en los dos primeros años de la pandemia, según una investigación colaborativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizada en ocho países de América Latina y recientemente publicada en el Lancet Regional Health – Americas.   

El estudio, llevado a cabo por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP) de la OPS, es el mayor hasta el momento a nivel mundial con una base de 447 embarazadas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La investigación enfatiza “la importancia de sumar esfuerzos para aumentar la concienciación sobre la detección temprana de la gravedad de la COVID-19 en la población de embarazadas de la región y asesorar con evidencia las políticas públicas para protegerlas”, afirmó la directora del CLAP, Suzanne Serruya.

El estudio constató que el 35% de las embarazadas que fallecieron por causas asociadas a la COVID-19 no fueron ingresadas a cuidados intensivos. La edad materna media era de 31 años y alrededor de la mitad de las que murieron tenían obesidad.

El 86,4% de las mujeres estudiadas se infectaron antes del parto, y la mayoría de los casos (60,3%) se detectaron en el tercer trimestre del embarazo. En la primera consulta y la admisión, los síntomas más frecuentes fueron disnea (73%), fiebre (69%), y tos (59%). Asimismo, se reportaron disfunciones orgánicas (fallas en los órganos)  en 90,4% de las mujeres durante la admisión, y el 64,8% fueron ingresadas a cuidados críticos donde permanecieron en promedio durante ocho días.

En la mayoría de los casos la muerte ocurrió durante el puerperio, es decir, durante las seis semanas posteriores al parto, con una media de siete días entre el parto y el deceso. El parto prematuro fue la complicación perinatal más frecuente (76,9%) y 59,9% de los niños tuvo bajo peso al nacer.

En ese sentido, los autores resaltan la importancia de priorizar a las embarazadas para recibir la vacuna contra la COVID-19 al tratarse de grupo de riesgo. “Si bien los datos recientes sugieren un descenso en las muertes maternas por COVID-19 en la región, aún siguen muriendo mujeres por esta causa y la vacunación es la principal herramienta para reducir las complicaciones graves y las muertes por esta enfermedad”, dijo Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OPS y uno de los autores principales del estudio.

“Lamentablemente, observamos inequidad en la distribución de las vacunas a nivel global y las mujeres embarazadas continúan presentando tasas de vacunación aún más bajas que las de la población en general”, señaló Mercedes Colomar, otra responsable principal del trabajo.

La OPS monitorea el impacto de la COVID-19 en embarazadas desde el inicio de la pandemia. Según datos obtenidos de 24 países en 2021, en comparación con los notificados en 2020, se registró un aumento tanto en el número de casos como en las defunciones entre las embarazadas positivas al virus SARS-CoV-2. Varios factores pueden explicar estos incrementos, como las debilidades y fortalezas de los sistemas de vigilancia y sus estrategias, la inmunización y disponibilidad de vacunas para las embarazadas, la saturación de los servicios y las barreras en el acceso a cuidados especiales.

Nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el número total de muertes asociadas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 (descrito como «exceso de mortalidad») entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 fue de aproximadamente 14,9 millones (rango de 13,3 millones a 16,6 millones).

«Estos datos aleccionadores no solo señalan el impacto de la pandemia, sino también la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resilientes que puedan mantener los servicios de salud esenciales durante las crisis, incluidos sistemas de información más fuertes», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «La OMS se ha comprometido a trabajar con todos los países para fortalecer sus sistemas de información sanitaria a fin de generar mejores datos para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.»

El exceso de mortalidad se calcula como la diferencia entre el número de muertes que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de la pandemia basándose en los datos de años anteriores.

El exceso de mortalidad incluye las muertes asociadas a COVID-19 directamente (debido a la enfermedad) o indirectamente (debido al impacto de la pandemia en los sistemas de salud y la sociedad). Las muertes vinculadas indirectamente a la COVID-19 son atribuibles a otras condiciones de salud para las que las personas no pudieron acceder a la prevención y el tratamiento porque los sistemas de salud estaban sobrecargados por la pandemia. El número estimado de exceso de mortalidad puede verse influido también por las muertes evitadas durante la pandemia debido a la disminución del riesgo de ciertos acontecimientos, como los accidentes de tráfico o las lesiones laborales.

La mayor parte del exceso de muertes (84%) se concentra en el sudeste asiático, Europa y las Américas. Alrededor del 68% del exceso de muertes se concentra en sólo diez países a nivel mundial. Los países de renta media representan el 81% de los 14,9 millones de muertes en exceso durante el periodo de 24 meses, mientras que los países de renta alta y baja representan cada uno el 15% y el 4%, respectivamente.