La Organización Mundial de la Salud y Unitaid, con el apoyo de Medicines Law and Policy, han publicado un documento informativo para facilitar el acceso de los países a tratamientos asequibles contra la COVID-19.
Este documento informativo explica con datos objetivos algunos de los instrumentos jurídicos que los Estados Miembros de la OMS pueden utilizar para promover la salud pública y el acceso a tratamientos contra la COVID-19 en el marco de sus obligaciones y derechos comerciales multilaterales, y en función de su legislación nacional y nivel de desarrollo.
El documento tiene por objetivo ayudar a los países a abordar los problemas que se plantean en la intersección entre salud pública y propiedad intelectual, promover el acceso a tratamientos nuevos contra la COVID-19 y facilitar en la medida de lo posible, fuentes alternativas más asequibles para tales tratamientos.
Los Estados Miembros deberían utilizar todas las herramientas que tienen a su disposición y en este documento informativo se explica de qué herramientas se trata, tales como las licencias voluntarias para superar obstáculos vinculados a la propiedad intelectual.
De esta manera se alienta a los países que no tienen acceso a licencias voluntarias a que se sirvan de la plena flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.
La profesora Hanan Balkhy, Subdirectora General de la OMS, comentó: «Insto a los Estados Miembros a que apliquen todas las herramientas que tienen a su disposición para hacer posible la producción local y mejorar el acceso. Ello incluye las licencias de acceso, el uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y la aplicación de la Decisión de la OMC sobre los ADPIC. La OMS seguirá prestando asistencia técnica sobre el uso de tales instrumentos».
El Dr. Philippe Duneton, Director Ejecutivo de Unitaid, añadió: «Es crucial dar prioridad a la disponibilidad y accesibilidad de las tecnologías de salud esenciales en todo el mundo. Aprovechando todas las herramientas a nuestra disposición, podemos fomentar el acceso a productos de salud esenciales y, a la postre, salvar más vidas. En Unitaid, seguimos comprometidos a colaborar con nuestros asociados para examinar todas las soluciones que nos permitan superar los desafíos planteados por la pandemia y construir un sistema de salud más resiliente para el futuro».
El documento informativo contiene información general y recursos sobre los diferentes tratamientos disponibles y las recomendaciones de la OMS (sección 2); una visión general de las licencias del Medicines Patent Pool para antivíricos orales y las implicaciones para el acceso de los países (sección 3); el Acceso Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-19 de la OMS (sección 4); otras licencias pertinentes para los tratamientos contra la COVID-19 (sección 5); y orientaciones sobre el uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC (sección 6).
Las licencias voluntarias existentes para tratamientos nuevos contra la COVID-19 no incluyen y han dejado al margen hasta ahora a muchos países de medianos ingresos, que por tanto no pueden beneficiarse de las versiones genéricas asequibles de los tratamientos recomendados por la OMS.
La Organización invita a los titulares de tecnologías a ampliar el alcance geográfico de estas licencias con el fin de permitir la competencia y reducción de precios, a fin de que estos importantes tratamientos puedan utilizarse allí donde más se necesitan.
Tras su reunión celebrada del 20 al 23 de marzo, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS revisó la hoja de ruta para priorizar el uso de las vacunas contra la COVID-19, a fin de reflejar el impacto provocado por la variante ómicron y el alto nivel de inmunidad de la población debido a la infección y la vacunación.
La hoja de ruta mantiene la prioridad del SAGE de proteger a las poblaciones expuestas a un mayor riesgo de muerte y enfermedad grave a causa de la infección por SARS-CoV-2, y sigue destacando la necesidad de preservar la resiliencia de los sistemas de salud. De nuevo, la hoja de ruta compara la relación costoeficacia de vacunar contra la COVID-19 a las personas en menor riesgo, es decir, los niños y adolescentes sanos, con la de otras intervenciones de salud. Además, incluye recomendaciones revisadas sobre las dosis de refuerzo adicionales y acerca del intervalo de tiempo entre los refuerzos. También analiza el efecto actual de las vacunas por lo que respecta a la reducción de las afecciones posteriores a la COVID-19, pero las pruebas empíricas sobre el alcance de su impacto son inconsistentes.
«Se ha actualizado la hoja de ruta para reflejar que una gran parte de la población está vacunada, se ha infectado previamente por COVID-19, o bien ambas cosas. La hoja de ruta revisada vuelve a enfatizar la importancia de vacunar, incluso con refuerzos adicionales, a quienes aún están en riesgo de enfermedad grave, que son principalmente adultos mayores y personas con afecciones subyacentes», declaró la presidenta del SAGE, la Dra. Hanna Nohynek. «Los países deben tener en cuenta su contexto particular cuando decidan si siguen vacunando a los grupos de riesgo bajo, como los niños y adolescentes sanos, sin que ello suponga comprometer la administración de las vacunas rutinarias, que tan importantes son para la salud y el bienestar de este grupo de edad».
La versión revisada de la hoja de ruta establece tres grupos de prioridad para la vacunación contra la COVID-19: alta, media y baja. La definición de estos grupos se basa principalmente en el riesgo de enfermedad grave y muerte, y tiene en cuenta cuestiones como la eficacia de la vacuna, la relación costoeficacia, los factores programáticos y la aceptación por parte de la comunidad.
El grupo de prioridad alta incluye a las personas mayores, a los adultos jóvenes que padecen comorbilidades importantes (por ejemplo, diabetes y cardiopatías), a las personas con afecciones de inmunodeficiencia (por ejemplo, personas que viven con el VIH y receptores de trasplantes), incluidos los niños de 6 meses o más, a las personas embarazadas y al personal de salud de primera línea.
Con respecto al grupo de prioridad alta, el SAGE recomienda administrar una dosis de refuerzo adicional en un plazo de 6 o 12 meses tras la última dosis, dependiendo de factores como la edad y las afecciones de inmunodeficiencia. Cualquier recomendación sobre la vacuna contra la COVID-19 solo es válida durante un tiempo determinado, y únicamente se refiere al escenario epidemiológico actual. En consecuencia, no se debe interpretar que se recomienda administrar dosis de refuerzo adicionales cada año de manera continuada. El objetivo es ayudar a los países a planificar a corto y medio plazo.
El grupo de prioridad media incluye a los adultos sanos sin comorbilidades, generalmente de edades inferiores a entre 50 y 60 años, y a niños y adolescentes con comorbilidades. Para el grupo de prioridad media el SAGE recomienda la primovacunación y la primera dosis de refuerzo. Aunque los refuerzos adicionales son seguros para este grupo, el SAGE no los recomienda de forma sistemática, ya que, en términos comparativos, ofrecen unos beneficios bajos en materia de salud pública.
El grupo de prioridad baja incluye a los niños y adolescentes sanos de entre 6 meses y 17 años. Las dosis primarias y de refuerzo son seguras y eficaces en los niños y adolescentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la baja carga de morbilidad de este grupo de edad, el SAGE insta a los países que estén considerando su vacunación a que fundamenten sus decisiones en factores contextuales, entre ellos, la mencionada carga de morbilidad y la relación costoeficacia, así como otras prioridades sanitarias o programáticas y los costos de oportunidad.
En términos comparativos, los beneficios sanitarios que aporta vacunar a niños y adolescentes sanos son mucho menores que los beneficios consolidados de las vacunas esenciales administradas tradicionalmente a los niños (por ejemplo, las vacunas contra el rotavirus y el sarampión y la antineumocócica conjugada), y que los beneficios que ofrecen las vacunas contra la COVID-19 en los grupos de prioridad alta y media. Los niños con afecciones de inmunodeficiencia y con comorbilidades tienen un mayor riesgo de sufrir la forma grave de la COVID-19, de manera que están incluidos en los grupos de prioridad alta y media, respectivamente.
Aunque, en general, la carga de COVID-19 grave entre los bebés menores de 6 meses es baja, sigue siendo mayor que la correspondiente a los niños de entre 6 meses y 5 años. La vacunación de las personas embarazadas, incluso con una dosis adicional si han pasado más de seis meses desde la dosis anterior, protege tanto a la madre como al feto, y a su vez tiende a reducir la probabilidad de que los bebés sean hospitalizados a causa de la COVID-19.
Los países que ya disponen de una política sobre la administración de refuerzos adicionales deben examinar cómo evoluciona la necesidad en función de la carga nacional de morbilidad, la relación costoeficacia y los costos de oportunidad.
Aparte de la hoja de ruta, el SAGE también actualizó sus recomendaciones sobre las vacunas bivalentes contra la COVID-19, y ahora recomienda a los países que consideren la posibilidad de realizar la primovacunación con la vacuna bivalente de ARNm de la subvariante BA.5.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el 17 de marzo que espera bajar este año su nivel de alerta máxima por la COVID-19 al estimar que la enfermedad podría representar en poco tiempo una amenaza similar a la de la gripe estacional.
“Llegamos a un punto en que podemos considerar a COVID-19 de la misma forma que consideramos la gripe estacional, es decir, una amenaza para la salud, un virus que seguirá matando, pero un virus que no perturba nuestra sociedad o nuestros sistemas hospitalarios”, dijo a la prensa en Ginebra el jefe de los programas de urgencia de la OMS, Michael Ryan, citado por la agencia Télam.
A su turno, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar “muy satisfecho de que, por primera vez, el número semanal de decesos registrados en las últimas cuatro semanas fue inferior al que se registró cuando usamos por primera vez la palabra ‘pandemia’, hace tres años”.
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La COVID-19 sigue siendo más letal que la influenza en casos graves que requieren hospitalización, muestra un nuevo estudio. Según la investigación, las personas hospitalizadas con infecciones por la variante ómicron tenían un 54 % más de probabilidades de morir, en comparación con las personas hospitalizadas con gripe.
Los resultados del estudio continúan desacreditando una creencia anterior desde el comienzo de la pandemia de que la gripe era el más peligroso de los dos virus respiratorios. Los investigadores señalaron que la letalidad de la COVID-19 en comparación con la gripe persistió “a pesar de la evolución del virus y las estrategias de manejo mejoradas”.
El estudio se publicó esta semana en JAMA Network Open e incluyó a 5212 pacientes en Suiza hospitalizados con COVID-19 o gripe. Todos los pacientes fueron hospitalizados entre el 15 de enero de 2022 y el 15 de marzo de 2022. Los datos de influenza incluyeron casos desde enero de 2018 hasta el 15 de marzo de 2022.
En general, el 7 % de los pacientes con COVID-19 murió, en comparación con el 4,4 % de los pacientes con gripe. Los investigadores notaron que la tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID había disminuido desde su estudio anterior, que se realizó durante la primera ola de COVID en la primera mitad de 2020. En ese momento, la tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID era del 12,8 %.
Desde entonces, el 98% de la población suiza ha sido vacunada. “La vacunación sigue desempeñando un papel importante con respecto al resultado principal”, concluyeron los autores, ya que un análisis más reciente, secundario en este estudio, mostró que los pacientes con COVID no vacunados tenían el doble de probabilidades de morir en comparación con los pacientes con gripe.
“Nuestros resultados demuestran que la COVID-19 aún no puede compararse simplemente con la influenza”, escribieron.
Una limitación del estudio fue que todos los casos de COVID no tenían pruebas de laboratorio confirmatorias de la variante ómicron. Sin embargo, los autores del estudio señalaron que al menos el 95 % de los casos durante el tiempo que los pacientes estuvieron hospitalizados, estaba confirmado para la variante ómicron.